San Juan Pablo II, el Papa que no era un santo

Aunque de asuntos vaticanos no me gusta hablar, tanto por mi ignorancia como mi desdén a ellos, hoy los acontecimientos me empujan a meterme en un tema tan controvertido como es la canonización de dos papas.

El Papa Bergoglio tenía prisa y al canonizar a Juan XXIII también ha hecho Santo a Juan Pablo II, pues al parecer los tiempos para santificar a un Papa son muy largos. Insisto en mi profundo desconocimiento acerca del tema.

No sé cómo fue Juan XXIII y si realmente fue tan bueno o no, ya que no soy historiador ni mucho menos experto en teología. No obstante, sí soy una de las tantas personas a las que les consume por dentro que un Papa como Juan Pablo II siga siendo alabado varios años después de su muerte.

Se apoyó desde el primer momento en los Estados Unidos y el capitalismo para luchar contra la expansión del marxismo por el mundo, cualquiera que fuera su forma. Así fue que incluso visitó Chile en tiempos de la dictadura de Pinochet, quien arrebató la democracia a su pueblo por medio de un golpe de estado armado que quitó al gobierno legítimamente electo del socialista Allende.

Juan Pablo II con Pinochet

Este pontífice fue quien vio el surgimiento del VIH/Sida y los primeros años de la pandemia, pero ello no le dio pie para cambiar el punto de vista de la Iglesia contrario al uso de anticonceptivos, sino que se reafirmó en su tesis. Su discurso anti-condón tuvo especial efecto sobre África, el continente que más ha padecido la plaga, pero donde también faltaban más medios para no contraerla, por lo que esta perspectiva escandalosa e ilógica sobre los anticonceptivos por parte del Vaticano sólo podía tender a acentuar las cuotas de transmisión en muchos de los países africanos de mayoría cristiana.

Vio cómo la iglesia perdía fuelle en su mensaje de odio a los homosexuales, pero tampoco cambió de parece en ello. Mantuvo el mensaje de rencor contra lesbianas y gais, defendiendo a las relaciones sexuales como el fin para la reproducción, negándolo como un acto de amor o afecto y manteniendo a muchos homosexuales católicos fuera de la Iglesia.

No obstante, si hubo un tema que no trató fue el de la pederastia dentro de la propia Iglesia Católica, ni pidió perdón por el daño causado por parte de algunos de los miembros de la iglesia que abusaron de niños. Con el tiempo se ha conocido que incluso podría haber encubierto casos de pederastia, tal y como parece que hizo con el fundador de una congregación mejicana, Marcial Maciel.

Con todo esto, no parece muy acertado santificar a un papa que representó a una de las alas conservadoras del catolicismo durante más de treinta años. Parece que el Papa Bergoglio intenta dar un tímido paso de respeto y acercamiento a la sociedad en su discurso, pero por otra parte con algunas de sus acciones como la de beatificar a Juan Pablo II o la de designar como cardenal al obispo que poco después trataría en una entrevista a la homosexualidad como una “deficiencia tratable” da a entender que su discurso de tolerancia es mera publicidad que no tiene nada que ver con lo que realmente pone en práctica.

Por un modelo de estado federal, por la Tercera República

El régimen del 78 puso a la constitución como un punto final, como si los problemas en España acabasen ahí, pero no ha solucionado los problemas de la gente a largo plazo y nos encontramos en una crisis política, económica, social y territorial sin precedentes. Debido a ello, cada día somos más los que creemos que de este régimen capitalista gobernado por oligarcas sólo se sale por medio de un proceso constituyente republicano que vuelva a empoderar al pueblo.

 Un nuevo modelo de estado no puede ser sólo la causa de  un problema de singularidades territoriales, sino también como un problema de representación social, en el que la clase trabajadora queda infra representada por los lobbies económicos y religiosos, que pese a ser el 1% de la población han conseguido un poder aplastante dentro de las instituciones gracias a puertas giratorias y a favores de dudosa legalidad que han desencadenado a corruptelas mayúsculas dentro del bipartidismo, que han llevado a la mala gestión e incluso a la ruina de algunas autonomías como el País Valenciano.

Izquierda Unida realizó una conferencia el 1 de febrero de este año para especificar cómo tendría que ser ese nuevo modelo de estado. A tenor del documento que se definió, voy a intentar resumir lo máximo posible cómo tendría que ser la Tercera República Española según éste y algún comentario propio con el objetivo de que se entienda lo mejor posible. Debido a la extensión del texto y la complejidad de algunos asuntos que trata, voy a hablar del modelo de estado basándome en sus partes más explicativas para tener un conocimiento general de lo que se quiere alcanzar, animando a cualquiera que quiera saber con más detalle a leer el Documento de la Ponencia, el cual es muy interesante, pero debido a la profundidad que alcanza, me ha sido difícil sintetizar algunas de sus partes más detalladas[1].

ESTADO  FEDERAL, SOLIDARIO Y PLURINACIONAL

En España sería imposible un sistema centralista que tomase todas las decisiones desde Madrid, al menos no en un proyecto democrático de país, ya que durante toda nuestra historia esta concentración de poderes solo se ha podido hacer mediante el autoritarismo,  la eliminación de toda libertad civil y la subordinación al tirano de turno, ya fuese Felipe V, Fernando VII, Primo de Rivera o Francisco Franco.

Por ello, este estado debe encontrar una vía intermedia entre estado unitario y confederación. Esta vía intermedia la encontramos en el federalismo, que permitiría tener una serie de leyes y competencias comunes (Código Penal, Estatuto de los trabajadores, Relaciones Internacionales…), pero al mismo tiempo un conjunto de legislaciones y jurisdicciones dentro de cada uno de los estados no soberanos que compongan la federación.

El federalismo hace posible la democracia y la participación ciudadana, el autogobierno local y regional, la cooperación y solidaridad internacional, el respeto e integración de distintas identidades, la compatibilidad a la autodeterminación como nación sin tener que abandonar un espacio político y social común.

Hay que resolver la necesidad histórica de dar una respuesta democrática al carácter plurinacional del estado español.  Todo ello dentro de una unidad federal, que permitiese el derecho de autodeterminación, pero que entendiese al estado como una unión hecha por la suma de territorios y no una unión hecha por acontecimientos históricos lejanos que poco o nada tiene que ver con las reclamaciones territoriales actuales.

Se deben reconocer siempre las múltiples sensibilidades nacionales que pueda haber, pero nunca entendiendo el patriotismo como excusa y gran mentira para enfrentar a regiones cuando la lucha nunca ha sido territorial, sino de clases. Hay que sostener que hoy es esencial que la ciudadanía y la mayoría social trabajadora, desde una perspectiva social y de clase, ejerza el derecho a decidir en defensa de sus derechos políticos, sociales y laborales.

Hay que defender un modelo de estado que permita acomodar el pluralismo de identidades, capaz de tener un discurso común que reconozca la diversidad y que permita la convivencia en un mismo territorio de personas con distintas concepciones sobre la nación a la que pertenecen.

En particular, una reforma constitucional debería abordar:

1. El reconocimiento expreso del carácter plurinacional y pluricultural del Estado.
2. El reconocimiento de la cooficialidad de todas las lenguas españolas y el derecho de todos los ciudadanos a conocerlas y utilizarlas.
3. El reconocimiento de los derechos lingüísticos como uno de los derechos fundamentales.
4. El reconocimiento a los derechos de los inmigrantes, tanto a la integración social como a mantener su propia identidad cultural.
5. Fijar el principio de que la pluralidad nacional, cultural y lingüística sea contemplada como un valor a considerar en el sistema educativo y en los medios de comunicación públicos, como fin de integración de los pueblos, pero también como acto para promover los lazos de fraternidad entre las distintas regiones.

REPÚBLICA COMO SINÓNIMO DE ESTADO SOCIAL Y RADICALMENTE DEMOCRÁTICO

Una tercera república debería constituirse como un modelo profundamente social que actuase como un frente contra el actual desmantelamiento de la democracia y de los derechos sociales y laborales que los poderes económicos están ejecutando.

Hay que dar lugar a un proceso constituyente concebido como herramienta democrática para ejercer el derecho a decidir desde una perspectiva social y de clase. Este proceso debe provocar una ruptura con el sistema político y económico que a la mayoría social nos está estrangulando. Hace falta cambiar las reglas de juego y empoderar a la ciudadanía a través de un sistema democrático participativo, que no se limite a tan sólo votar cada cuatro años.

El proceso tiene que ser anticapitalista, republicano, que recupere la soberanía popular, antiimperialista y feminista. Debe partir reconociendo la superación de la constitución de 1978, que ha quedado obsoleta, y denunciando la forma en la que se hizo la mal llamada Transición, la cual es culpable de muchos de los problemas que tenemos actualmente en este país.

Hay que pensar en un proyecto basado en la Justicia social, que fomente el empoderamiento de las personas y desarrolle una política didáctica y cercana, que permita que todos puedan hacer política.

Se defiende un estado republicano, ya que una monarquía nunca será 100% democrática. Un individuo no puede ser el jefe del estado por sucesión hereditaria sin haber sido elegido directa, a través del electorado, o indirectamente, a través del poder legislativo.

Creemos en la igualdad y asumimos la tradición de la democracia representativa, pero también entendemos que también hay que trascenderla, porque también asumimos la tradición republicana de libertad como emancipación individual y colectiva por medio de la participación, entendiendo ésta como la soberanía que reside en la ciudadanía, la pluralidad, la igualdad legal y efectiva y la solidaridad entre pueblos que promueve la justicia para todos.

El federalismo debe ser solidario, por ello también tenemos que alcanzar la igualdad en el sistema fiscal y de financiación, concertado multilateralmente, que permita que cada persona tenga una carga fiscal distinta según su renta y reciba según sus necesidades, independientemente del lugar donde resida.

El sistema fiscal y de financiación debe garantizar como objetivo irrenunciable que cualquier ciudadano reciba la misma calidad de servicios básicos, los mismos derechos y las mismas prestaciones.

En la actualidad los partidos institucionalistas (PP, PSOE, CIU y UPyD) se siguen apoyando en que la soberanía reside en el pueblo, ya que lo pone en la constitución, pero en la práctica lo que realmente aplican es el principio del despotismo ilustrado de “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Contra esto sólo se puede luchar empoderando a la ciudadanía del mayor número de medios de participación para decidir sobre su destino.

La república que propugnamos debe contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Introducción de referéndum vinculante (Ahora es meramente consultivo), que pueda ser convocado por cualquier gobierno, ya sea estatal, regional o local, o mediante Iniciativa Popular.
2. Exigencia de referéndum para cualquier tipo de reforma constitucional a petición de un número determinado de electores, para evitar así cambios en la carta magna como el que pactó PP y PSOE en el artículo 135 que supuso la obligatoriedad de pagar la deuda antes que cualquier servicio social.
3. Desaparición de los límites para presentar una Iniciativa Legislativa Popular y disminución del número de firmas necesarias, estableciendo porcentajes razonables.
4. Reforma electoral para asegurar la participación y la representación proporcional en todos los ámbitos. Tanto en elecciones a parlamentos autonómicos como a nivel estatal la circunscripción provincial debe desaparecer, ya que no es proporcional y permite que el bipartidismo pueda tener mayoría absoluta con menos del 45% de los votos, tal y como pasa actualmente.
5. Garantía de responsabilidad de todos los cargos públicos, eliminando aforamientos e imponiendo la transparencia de ingresos. Incompatibilidades rigurosas para evitar la famosa “Puerta Giratoria” y limitación de mandatos.
6. Igualdad de acceso a cargos públicos de hombres y mujeres, exigiendo mecanismos que garanticen la composición paritaria de las instituciones.
7. Independencia de los medios de comunicación públicos, con criterios de funcionalidad y pluralidad, bajo control ciudadano.
8. Transparencia absoluta de toda institución pública y acceso de los ciudadanos a todos los datos y documentos que garanticen la plena transparencia.
9. Financiación transparente de los partidos políticos con cuentas accesibles para toda la ciudadanía.

L-A-I-C-I-S-M-O

Los poderes públicos han de respetar con el máximo rigor la libertad de las personas, en particular en relación con su opinión, su conciencia y sus creencias religiosas, filosóficas y políticas, y también han de garantizar el derecho a la diferencia, la pluralidad cultural, lingüística e identitaria.

Aunque se tengan que compartir una serie de valores, nadie podrá obligar desde las instituciones a pensar de determinada manera. El estado debe ser neutro ante las distintas opciones religiosas.

España debe pasar a ser de verdad, y no sólo en la práctica, un Estado laico. El nacionalcatolicismo dejó demasiados restos en lo que vino después. En un estado no confesional no puede estar la iglesia presente en las escuelas, estar financiada por el estado, ejercer funerales de estado ni estar presentes en actos realizados por entes públicos. Aún más cuando la Conferencia Episcopal Española sigue manteniendo un mensaje de odio contra personas por su sexo, sexualidad o por su estilo de vida.

ESTRUCTURA DEL ESTADO FEDERAL

•  El estado federal deberá actuar como una unidad en asuntos internacionales.
• Deberá existir una unidad político-constitucional, al poseer un ordenamiento constitucional propio por encima de cualquier otra ley y al tener órganos federales que dicten una legislación federal para todo el conjunto de la Federación.
• Tendrán que existir órganos jurisdiccionales propios, que permitan el control de la constitucionalidad.
• Estructura bicameral que permita la representación de toda la república, pero a la vez también figure la representación de sus estados miembros.
• Posibilidad de varios tipos de poder ejecutivo.
• Existencia de un Tribunal Superior Federal para resolver los conflictos con arreglo al Derecho que se produzcan en la federación y  sus estados miembros.

CARACTERÍSTICAS DE UN ESTADO FEDERAL Y PUESTA EN MARCHA

Así con todo lo expuesto, el Estado federal, republicano, plurinacional y solidario debe basarse en la voluntad popular expresada por el pueblo y su libre adhesión a la forma política resultante de la creación del Estado Federal. El pacto de constitucionalidad daría a las autonomías en la constitución un principio de cosoberanía junto al Estado Federal, por lo que el reparto de competencias se realizaría de manera bilateral y no podría ser modificadas o suspendidas sin el consentimiento de ambos.

Habrá igualdad de derechos en los Estados federados el pacto entre sus representantes territoriales será un pacto entre iguales y se respetará la cosoberanía de las unidades federadas en su pluralidad y diversidad.

Se imposibilitará que haya involuciones en materia de derechos y libertades en cualquiera de los estados federados y se concretará el carácter solidario entre territorios. Además, se incrementará el poder político y la capacidad financiera de los municipios para una justa correlación con el resto de poderes que integrarán el estado. Éstos también estarán controlados para que sus ingresos sean dirigidos a sus competencias.

El modelo federal debería basarse en el principio de federalismo plural basado en el autogobierno, estableciendo tres tipos de acuerdos federales:

1. Regulación normativa, institucional y constitucional de la pluralidad nacional de España a nivel de federación.
2. Establecimiento de una serie de acuerdos en la regulación de los aspectos decisivos para el reconocimiento o autogobierno de entidades nacionales no estatales.
3. Regulación de acuerdos de carácter simétrico con el resto de aspectos del autogobierno.

En el terreno del poder judicial se podría optar por dos poderes judiciales (Poder judicial federal en las materias del derecho federal y Poder judicial federado para tratar las materias de los estados federales) o por un único Poder Judicial, donde el estado federado conozca las distintas situaciones, ya sea competencia de la federación o de los estados federados. La elección del tipo de Poder Judicial deberá plasmarse en una futura ley del Poder Judicial federal.

El senado federal es el elemento del texto al que le veo mayor complejidad, ya que hay que resolver si será parte de las Cortes o si será independiente del Congreso, siendo dos cámaras separadas, cuál será el número de senadores y cómo se eligirían.

Hoy por hoy, mientras que unos no hablan y otros hablan vagamente de un federalismo monárquico que nunca han mencionado hasta que han visto las orejas al lobo, considero la alternativa republicana de IU como la mejor en todos los aspectos, ya que desarrolla todos los asuntos importantes que tendrían que llevarse a cabo para constituir la tercera república, pero deja muchos temas abiertos, aunque desarrollados, para que se puedan definir en el tiempo y sean fruto de un consenso político más amplio.

[1] En el documento también se habla del Tribunal Constitucional y la política local. Además de desarrollar en profundidad la mayoría de los temas que acabo de resumir.

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Lo dejó todo atado y bien atado

El 22 de julio de 1969, Franco designó a Juan Carlos I como su sucesor, afirmando que este paso era necesario para que todo quedase “atado y bien atado”.

Treinta y cinco años después de su muerte, me atrevo a dar la razón al tirano, pues creo que se ha demostrado (Y se sigue demostrando) que ese paso era necesario para dar vida al régimen después de la muerte de su fundador.

­En 1976, cuando Juan Carlos ya había llegado al poder y antes de que hubieran tenido lugar las primeras elecciones legislativas, se designó a Adolfo Suárez, que perteneció al régimen de Franco, siendo director de TVE e incluso secretario general de la Falange Española. Así, Juan Carlos se aseguraba alguien próximo al régimen para poner “la primera piedra” de su proyecto de país. A él se le confirió la tarea de dar carpetazo al periodo nacionalcatolicista para montar las primeras elecciones democráticas: Todo ello con el sistema electoral con circunscripciones de pequeño tamaño, que limitaba la pluralidad del parlamento y permitiría el asentamiento de un bipartidismo clásico apoyado por la derecha catalana y vasca, en detrimento de partidos de izquierda que pudiesen suponer una amenaza al Statu Quo.

El proyecto monárquico juancarlista quedó asegurado cuando la UCD, un partido compuesto en su mayoría por franquistas supuestamente convertidos en demócratas y liderado por el propio Adolfo Suárez, ganó las primeras elecciones. Esto le permitió a Suárez promulgar una ley de amnistía, que no significaba otra cosa que los crímenes del franquismo no iban a ser perseguidos y que aquellos guardias civiles, policías y otras fuerzas del estado culpables de asesinatos y maltratos a los opositores del régimen quedaban absueltos de sus crímenes y que se morirían cómodamente en sus camas.

Además, a través de los acuerdos de la Santa Sede se perpetuó el poder de la iglesia católica, pese a haber sido coautora y máxima defensora del franquismo. Permitieron que tuviese sus fuentes de ingreso aseguradas por parte del estado, así como dejar que la religión siguiese estando presente en la educación.

La familia Franco tampoco vio una merma en su estilo de vida. Su riqueza ilegítimamente obtenida y fruto del expolio nacional no fue confiscada, es más, fueron premiados por el mismísimo rey, otorgando a la mujer del fascista el título nobiliario de duquesa de Franco, quien gozó de una alta pensión vitalicia hasta su defunción.

Con los años, estos arreglos se mantuvieron y permanecieron intocables. El PSOE, que cada vez se constituía más como parte del problema, no se atrevió a tocar nada de lo que anteriormente había hecho la UCD y en el gobierno de Felipe González incluso continuó creando colegios concertados con la iglesia, reforzando el poder y fuerza del ente adoctrinador.

Así, luego con el paso de Aznar, Zapatero y finalmente Rajoy, la situación quedó prácticamente igual. Con una ley para la recuperación de la Memoria Histórica del gobierno Zapatero que no marcha y mantiene a miles de muertos republicanos de la Guerra Civil en las cunetas.

Los torturadores del franquismo o bien se han muerto por viejos o siguen vivos, pero no juzgados. Es el caso de Billy El Niño, en el que ha tenido que venir una jueza argentina para juzgarle porque aquí nadie se atreve a ello y aún así se intenta burocratizarlo todo desde la justicia española para no extraditarle.

Pero no nos vayamos a viejas glorias del pasado, también se puede ver muchas cosas con personas del presente. Bien es conocida la actitud de algunos de las nuevas generaciones del PP que este verano salieron revestidos con banderas franquistas y símbolos fascistas y que, por cierto, no han sido expulsados ni expedientados en su partido. Pero para entenderlo, también hay que tener en cuenta que el Partido Popular, fundado por el ministro franquista Fraga, no ha condenado jamás los crímenes del franquismo.

Los que se hicieron ricos por pertenecer al bando nacional, no sólo los Franco, siguen siendo ricos, formando a veces parte de la misma oligarquía que nos dice que nos apretemos los cinturones cuando ya estamos asfixiados.

El Rey no es menos, sigue siendo una persona intocable desde la constitución del 78, que le blinda frente a cualquier delito, y se ha constituido como la figura de mantenimiento del régimen indecente impuesto desde la transición que los poderes fácticos no desean tocar e incluso  intentan que ni su hija pueda ser juzgada en los tribunales por corrupción por miedo a que “el intocable” esté aún más puesto en el punto de mira.

Pese a todo, asesinos, cómplices y herederos siguen ahondando en la herida, dando a entender a día de hoy que sigue habiendo vencedores y vencidos, vencedores convertidos en supuestos demócratas que nos imponen leyes mordazas e imposiciones religiosas faltas de cualquier tipo de moral y vencidos, que pese a nunca haber tenido nada, siguen siendo las víctimas de una superestructura bien cimentada.

Consecuencias de un gobierno misógino

Un gobierno con clara vocación catolicista y autoritaria ya es una bomba para los derechos de las mujeres, independientemente de que quien lleve la cartera de Justicia sepa más de religión que de derechos.

La contrarreforma del aborto arrebata a la mujer todo derecho sobre su cuerpo en caso de embarazo. No podrá abortar por su propia voluntad, ni siquiera si el feto tiene una discapacidad o minusvalía grave.
Sólo se podrá abortar si la mujer corre riesgo físico o psicológico, debiendo tener dos informes médicos de distintos facultativos que marquen el peligro, que pese a ser ajenos a la vida de esa mujer, tendrán la capacidad de decidir algo tan personal como si puede tener o no un niño.
El otro único motivo de interrupción del embarazo será por violación con un plazo de risa de doce semanas (Ahora en caso de interrupción voluntaria son 14 semanas), jugando con los sentimientos de la mujer e intentando que si tuviera un periodo de dudas, tuviese obligatoriamente al niño.
Sin duda, ésta es la guinda de un amargo pastel de las medidas machistas tomadas por el gobierno del Partido Popular, que no tiene más función que borrar del mapa la independencia y libertad de la mujer, imponiendo opiniones nacionalcatolicistas y criterios "morales" faltos de cualquier recomendación médica. No obstante, desde que la administración Rajoy llegase al poder, éste no ha sido el único ataque a la sociedad femenina.

No hay que olvidar cómo la ministra de Sanidad, la supuesta inepta exmujer del ex-alcalde de Pozuelo de Alarcón o más conocida como 'la del Jaguar', ha excluido de la reproducción asistida a mujeres que no lleven una relación con un hombre durante al menos un año, alegando que sólo se podrá recurrir a ésta por la sanidad pública si la mujer tiene algún tipo de trastorno reproductivo, o dicho de otra manera: Si no hay macho no es mi problema.
Dejan excluidas a las mujeres lesbianas y solteras por mera ideología. Consideran que una pareja de mujeres o una única mujer no es capaz de criar a un niño, pero además lo consideran como un mero capricho, como alguien que quiere tener una mascota, en vez de darse cuenta en sus estrechas cabezas que esas mujeres recurren a ello por una necesidad personal de formar una familia sin querer rechazar a amar a alguien de su mismo sexo o vivir independientemente sin necesidad de compartir una relación afectiva con un hombre. Atacan claramente al colectivo LGTBI, al feminismo y muestran el rechazo institucional a otros tipos de familias.

Los datos hablan por sí solos, los voraces recortes del estado han afectado de manera directa a la igualdad de sexos y a la violencia machista. Los presupuestos para políticas que impulsan la igualdad se han reducido a la mitad y se han reducido un 30% el dinero aportado para luchar contra la violencia de género.
Como resultado la brecha salarial en España sigue creciendo, llegando a haber este año 5.744€ menos en los salarios de las mujeres que en los de los hombres, infravalorando cada vez más el trabajo de la mujer.

Este gobierno con su imposición de ideas antagónicas y recortes sectarios a merced del capital deja a la mujer indefensa ante todo tipo de situaciones. Sus medidas pretenden acallar a la mujer y expoliarla de su libertad, llegando a intentar someterlas al hombre y restringiéndolas de todo aquello que permitan que se desarrollen tanto en el ámbito personal como laboral.